La Ley de Escazú, sancionada por el Presidente Petro, garantizará la protección de los líderes ambientales y el acceso a información de este sector como un derecho fundamental
El Jefe de Estado firmó esta norma ambiental, luego de su paso por el Congreso de la República en este período de la Legislatura, y su aprobación final el pasado 11 de octubre.
El Presidente de la República Gustavo Petro sancionó este sábado la Ley de Escazú, por la cual Colombia se suma a este acuerdo internacional en defensa del medio ambiente, de los defensores ambientales, y que permitirá a los ciudadanos tener acceso a información de este sector como un derecho fundamental.
“Y fundamentalmente le garantiza hoy a cualquier ciudadano de Colombia, cualquier ciudadana, acceso a la información, en primer lugar, sobre proyectos, sobre iniciativas del Estado; o privadas, que tengan que ver con afectaciones al medio ambiente. Toda la información ambiental que es un derecho fundamental”, recalcó.
Explicó que con esta Ley de la República se establecen unos criterios de protección para los activistas y para los defensores del medio ambiente en el país.
Añadió, que la norma contiene mecanismos de participación de la sociedad en las decisiones, en donde también, se afecta al medio ambiente.
“Esta es una ley, y un tratado internacional que básicamente le da poder a la ciudadanía, en función de la defensa de la naturaleza, de la defensa del planeta, de la defensa de la vida”, añadió el Mandatario.
*Los tres pilares del Acuerdo*
El Acuerdo de Escazú fue firmado por 24 países latinoamericanos, en Costa Rica y en 2018. Es el primer acuerdo regional ambiental y hasta el momento 14 de esos países firmantes lo han ratificado, incluido Colombia.
Sus tres pilares son los del Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales.
En cuanto a Acceso a la información la norma busca que todos los ciudadanos puedan pedir libremente información a los Gobiernos, sobre cualquier proyecto de desarrollo que afecte al medio ambiente. El Gobierno consultado tendrá 30 días de plazo para dar respuesta y contar con todas las plataformas tecnológicas y de comunicación que sean fáciles de utilizar por los ciudadanos.
En el segundo pilar, el de Participación Pública, se busca dar voz a los ciudadanos, y ciudadanas, en la toma de decisiones medioambientales.
Y en Justicia en Asuntos Ambientales, permitirá a los colombianos y colombianas acudir a los tribunales, en dado caso que no se cumplan los dos primeros pilares, que estén siendo afectados por proyectos de desarrollo y para la defensa de los líderes ambientales y comunidades locales, como las poblaciones indígenas.
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